NUESTRO COMPROMISO CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

¿QUÉ ES LA EXCLUSIÓN SOCIAL?

La UE define como familias o personas en riesgo de exclusión a aquellas que sobreviven con menos del 60% de la renta media per. cápita de su país. En España esta situación afecta a casi el 20% de los hogares (8,5 millones de personas). Quien piense que la pobreza de solemnidad es cosa de otras latitudes, se equivoca. La lucha contra la exclusión social es uno de los principales retos de las sociedades occidentales, y no debe de se identificarse sólo con la pobreza, ya que exclusión además es:

 Imposibilidad de gozar de los derechos sociales sin ayuda.

 Imagen desvalorizada de uno mismo y de la capacidad personal de hacer frente a las obligaciones propias.

 Riesgo de verse relegado de forma duradera al estatus de persona asistida.

 Estigmatización de todo lo que conlleva para las personas y, en las ciudades, para los barrios en que residen.

Se estima que más de la mitad de las prestaciones básicas de los Servicios Sociales están financiadas por los Ayuntamientos, que les dedican entre un 6% y un 10% de sus presupuestos anuales. La Ley 7/85 establece la obligación de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de conceder estas prestaciones sociales.

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN

En España las políticas sociales no están enfocadas hacia la prevención e inserción social, sino a lo asistencial, a través de actuaciones dirigidas a colectivos concretos con graves necesidades (personas mayores, mujeres, desempleados, familias...) y prestaciones para las personas socialmente excluidas (pobres, transeúntes sin hogar, inmigrantes, etc.), una minoría que recibe apenas el 1% del total del gasto destinado prestaciones sociales.

Las prestaciones que reciben estos colectivos están encaminadas a garantizar su subsistencia: los servicios de información, manutención, primera acogida, alojamiento e higiene están mucho más extendidos que los de reinserción laboral o social, los educativos o formativos, o los de atención psicológica y sanitaria.

Este carácter tan asistencialista lo determina la escasez de recursos económicos dedicados a esta labor. Gran parte de estos servicios sociales están convenidos o son proporcionados por ONG que reciben subvenciones de las administraciones públicas para desarrollar esta tarea; sin embargo, la escasez de estos recursos económicos hace que muchas de ellas tengan que valerse de su voluntariado lo que conlleva a que en ocasiones la intervención no la lleve a cabo un profesional.

EL PERFIL DE LA EXCLUSIÓN

En España hay más de ocho millones y medio de personas en riesgo de exclusión. La peor situación la sufren las 30.000 personas que, según Cáritas, están sumidas en la pobreza más extrema si contar, como se hace en otros países europeos, a quienes viven en chabolas o infraviviendas: en ese caso, habría 3 millones de personas dentro de este grupo.

El perfil mayoritario de estas personas corresponde a un hombre de 40 a 50 años que vive de la mendicidad, padece adicciones, carece de ingresos y acostumbra dormir en la calle. La inmensa mayoría están en el paro y nunca ha cotizado a la seguridad social, por lo que carece de prestaciones por desempleo. Destaca su precario estado de salud: a menudo sufre depresiones, enfermedades mentales y adicciones.

En este grupo de población es más frecuente el analfabetismo. De todos modos, ese perfil está comenzado a cambiar. Según Caritas, las mujeres representan entre el 15% y el 20% de este colectivo, y los jóvenes alrededor del 25%. También es cada vez más frecuente la presencia de trabajadores inmigrantes jóvenes que a diferencia de otros, suelen estar en plenitud de su capacidad física y mental, pero necesitan un hogar de acogida hasta que encuentran un trabajo y estabilizan su situación.

RECURSOS EXISTENTES

(a) Ayudas económicas directas.

Su finalidad es garantizar unos ingresos mínimos de subsistencia a las unidades familiares ante situaciones de necesidad o carencia de recursos y patrimonio, siempre que no puedan ser cubiertas por otras prestaciones como la Seguridad Social o las de desempleo.

Para concederlas, se exige el empadronamiento y residencia previa en la comunidad autónoma, de como mínimo un año, además de una edad mínima (normalmente, a partir de 25 años y hasta 65 años). Además, se fijan otros baremos y criterios para acceder a estas ayudas.

(b)Centros de información y orientación.

Se trata de la primera puerta a la que acuden las personas que necesitan asistencia de los servicios sociales en la mayoría de las ciudades. En ellos informan y asesoran sobre los recursos sociales disponibles. También se encargan de la gestión y tramitación de ayudas y del diseño de proyectos para la inserción social.

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